La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno establece que el sistema eléctrico español sera 100% renovable para 2050, y de esta manera conseguir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 90% con respecto a los niveles de 1990.
La normativa pretende dar gran impulso a las renovables, y para ello planea potenciar, entre los años 2020 y 2030, la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año provenientes de fuentes de energía renovables.
Para cumplir estos objetivos, el Ejecutivo también llevara a cabo una normativa para intentar tener un parque automovilístico libre de emisiones de CO2 en el año 2050. Y para conseguir esto, a partir de 2040 se prohibirá la matriculación de vehículos con emisiones directas de CO2, incluyendo también a los híbridos.
Por otro lado, el documento 'base' para la ley no autorizara nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Es decir que se prohibe expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica), cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.
En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estos estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de, al menos, 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030.
Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá. Y se preve que, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.
La ley pretende asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y garantizar la total descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI. La ley fija dos fechas para reducir emisiones e introducir energía renovable: los años 2030 y 2050. Así, en 2030 las metas son: reducir las emisiones un 20% respecto a 1990, que el 70% de la energía se produzca de forma renovable y mejorar la eficiencia energética. Y para 2050 las emisiones de gases invernadero deberán reducirse un 90% respecto a los niveles de 1990 y el 100% de la energía deberá venir de fuentes renovables.
La normativa pretende dar gran impulso a las renovables, y para ello planea potenciar, entre los años 2020 y 2030, la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año provenientes de fuentes de energía renovables.
Para cumplir estos objetivos, el Ejecutivo también llevara a cabo una normativa para intentar tener un parque automovilístico libre de emisiones de CO2 en el año 2050. Y para conseguir esto, a partir de 2040 se prohibirá la matriculación de vehículos con emisiones directas de CO2, incluyendo también a los híbridos.
Por otro lado, el documento 'base' para la ley no autorizara nuevas actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial. Es decir que se prohibe expresamente la concesión de nuevos permisos y tampoco se podrán desarrollar proyectos de fracking (fracturación hidráulica), cuyos permisos vigentes no podrán prorrogarse más allá de 2040.
En materia de edificación, los esfuerzos se centrarán en rehabilitar el parque de viviendas mediante la renovación de edificios existentes para lograr la alta eficiencia energética y que estos estén descarbonizados antes de 2050, a un ritmo de, al menos, 100.000 viviendas al año entre 2021 y 2030.
Con la ley se creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que será asesor independiente del Gobierno y que estará compuesto por expertos que elaborarán recomendaciones a las que el Gobierno se someterá. Y se preve que, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.
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